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BANCO DE INFORMACIÓN COVID19 PARA PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA

Precisión respecto de la prestación por cese de la actividad para autónomos

Publicado el Jueves, 26 Marzo 2020 21:10
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Desde la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y gracias a las numerosas consultas de colegiados, hemos conocido que algunas Mutuas de trabajo están realizando una interpretación, y una aplicación de la norma que no es correcta, puesto que no se atiene al contenido literal de la ley.

El R.D. 463/2020, de 14 de marzo, que acordó el estado de alarma estableció inicialmente cuales eran las actividades que quedaban suspendidas. El propio texto de esta norma distingue en sus tres apartados (1, 2 y 3) diferentes tipos de actividades, y mientras que el primero (art.10.1) se refiere a establecimientos y actividades minoristas, el tercero (art.10.3) se refiere a actividad de ocio, turismo, cultura, espectáculos, etc. y es en ese apartado en el que la propia norma, su texto explícito, se remite al anexo de la misma en el que se contiene una relación de las actividades, comprendidas en esos conceptos, que se declaran suspendidas, y que no tienen nada que ver con la psicología.


Hemos conocido que alguna Mutua, erróneamente, está aplicando ese apartado 3 del artículo 10 para regular el acceso a la prestación por cese de actividad para las solicitudes que le realizan los psicólogos y las psicólogas, lo cual no tiene ningún fundamento legal, puesto que la actividad profesional de los psicólogos y las psicólogas, sean sanitarios o no, no puede considerarse comprendida en las actividades de ocio, turismo, espectáculos, museos o deportes, que son las recogidas en ese apartado y en el anexo al que la misma se remite.

Por el contrario, la actividad profesional en cuanto que requiere una relación individual, sería en todo caso, acogida por el apartado 1 de ese artículo, que es el que, por otra parte, inicialmente excepciona de la suspensión a las actividades sanitarias que cita.
Pero además, después, el R.D. 465/2020, de 17 de marzo, y la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, han venido a rectificar primero, y después establecer los criterios de interpretación del ya citado artículo 10 del. R.D. que decretó el estado de alarma (463/2020, perdón por el lío, y por si alguien se ha perdido en la liosa explicación), de manera que, de un lado, excluyó de la excepción, es decir, consideró igualmente suspendida la actividad de los centros sanitarios siempre que la actividad de estos profesionales no sea necesaria “para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento”, supuesto en el que entendemos están varias actividades sanitarias como la psicología, pero también la fisioterapia, la logopedia, la óptica, etc.

Por tanto, cuando el R.D.L. 8/2020, en su art. 22, regula el acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, debe entenderse que pueden acogerse a esta prestación aquellos trabajadores autónomos, también los profesionales, que por las suspensiones de contratos, “y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo”, vieren como no es posible el ejercicio de su actividad.
En ese supuesto se puede entender perfectamente que está comprendida la actividad profesional de los psicólogos y las psicólogas, puesto que la que éstos realizan, ya sea sanitaria o no, en la mayor parte de los casos precisa de una relación cercana, inmediata, con el cliente, y, por tanto, el riesgo de contagio es evidente. A esto habría que unir que en muchos casos no cabe trasladar tal actividad profesional para ser efectuada on line, porque muchos clientes, mayores, niños…, o no tienen acceso a estos medios o no saben usarlos, o este medio no es adecuado.

No es correcto, ni cierto, que para acceder a esta prestación se pueda exigir al trabajador/a un CNAE y una identificación de actividad concreta. Hay un principio jurídico básico que establece que Donde la ley no exige tampoco lo puede hacer su intérprete.
Por tanto, desde esta Asesoría seguimos considerando que los psicólogos y las psicólogas pueden acceder a la prestación, sea cuando son sanitarios, en los casos en que no puedan realizar su actividad y consideren lo más adecuado suspender esta, o sea en los casos de actividad profesional no sanitaria, porque ésta no pueda realizarse por los motivos expresados.

Y si las Mutuas mantienen lo contrario, primero, están sosteniendo un criterio restrictivo que va más allá de la ley y no es acorde a esta, y, después, habrá que recurrir esas decisiones.

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