El Colegio Oficial de Psicología (COP) de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental trasladan a los principales partidos políticos concurrentes a las próximas elecciones autonómicas propuestas de medidas e iniciativas legislativas para una adecuada red de atención a la salud mental y el bienestar emocional de la ciudadanía.

Ambos Colegios Profesionales detallan en un documento consensuado las principales necesidades legislativas vinculadas a los ámbitos de la Psicología Clínica y de la Salud, de la Intervención Social y de la Educación.

En materia del sistema público sanitario, para ambas Instituciones colegiales, el contexto actual y la experiencia pandémica ponen de manifiesto la necesidad de incrementar el número tanto de psicólogos/as clínicos/as en el Servicio Andaluz de Salud, especialmente en la Atención Primaria, y consolidar las plazas existentes como el número de psicólogos/as generales sanitarios/as en las Unidades de Gestión de Salud Pública para la promoción y prevención del bienestar psicológico de la ciudadanía.

En este sentido, ambos Colegios profesionales ponen el acento en que el número de facultativos en Psicología Clínica del sistema público sanitario de nuestra comunidad autónoma se acerque al menos al promedio de nuestro país (3,5 por cada 100.000 habitantes en Andalucía frente a 6 en España).

Atención Temprana a menores entre 0 y 6 años de edad

La elaboración de una Ley de Atención Temprana adecuada y consensuada con los Colegios Profesionales implicados es otra de las demandas detalladas en el documento. La Atención Temprana contempla el conjunto de intervenciones dirigidas a población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno para dar respuesta lo antes posible a necesidades que presentan niños y niñas con trastornos en su desarrollo o con riesgo de sufrirlos.

Para los dos Colegios andaluces de Psicología, en nuestra comunidad autónoma es necesario aumentar el número de plazas de Atención Temprana que concierta la Junta de Andalucía. El escaso de número de plazas y las extensas listas de espera que soportan los Centros de Atención Infantil Temprana no avalan que la Atención Temprana sea un servicio gratuito, universal y garantizado para menores entre 0 y 6 años de edad con trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo.

La mejora de las condiciones laborales de los/as profesionales de estos centros, medidas para impedir la reducción de costes en la contratación del personal y la elaboración de un protocolo de actuación que regule el trabajo en los Centros de Atención Infantil Temprana son otras de las reivindicaciones de los COP andaluces en esta materia.

Insuficiente presencia de la Psicología en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía

Los dos Colegios Oficiales andaluces de Psicología reclaman la revisión y modificación del artículo 31 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, ya que “no se encuentra justificación alguna en la misma o en su desarrollo posterior ni tampoco evidencias de carácter científico-técnico que confieran una reserva de actividad al colectivo profesional de Trabajo Social, como único profesional responsable y referente de la valoración, diagnóstico, prescripción facultativa, elaboración y evaluación del proyecto de intervención social y cuanto menos, que garantice un funcionamiento eficaz, eficiente y de calidad de los Servicios Sociales”.

Además, la escasez de profesionales de la Psicología y de la Educación Social en los Equipos Bases de los Servicios Sociales Comunitarios, las deficiencias en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Púbico de Servicios Sociales de Andalucía obstaculizan la “cobertura a todas las situaciones problemáticas y de riesgo desde un abordaje integral acorde a lo establecido en la Ley”.

Entre las reivindicaciones en materia de Psicología de la Intervención Social, ambos Colegios profesionales también destacan la necesidad de garantizar la valoración, y la intervención psicológica en todas las áreas de atención que se abordan en los Servicios Sociales; regular en un procedimiento y orden la intervención psicológica en situaciones de urgencia y emergencia social en los Servicios Sociales como una prestación garantizada; garantizar una adecuada evaluación psicológica de las situaciones de maltrato a mayores; y que la evaluación, valoración y tratamiento del daño psicológico se realice por profesionales de la Psicología en los Servicios Sociales.

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